Podría enfrentar pena de 20 años en la cárcel
Ciudad Victoria, Tamaulipas | 21 de agosto de 2025.– El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, presidido por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, dictó un fallo condenatorio en contra de Mario “N”, exsecretario de Educación del Gobierno de Tamaulipas durante el sexenio del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El exfuncionario fue encontrado penalmente responsable de los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Peculado, conforme a lo dispuesto en los artículos 209, 211, 218 y 219 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Durante el juicio, el tribunal escuchó a la totalidad de testigos y peritos, quienes señalaron que Mario “N” celebró de manera ilegal un convenio de colaboración con la aseguradora Metlife México S.A. de C.V., el 15 de enero de 2018, cuando se desempeñaba como subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación.
El convenio, firmado en la Ciudad de México pero con efectos legales en Ciudad Victoria, autorizaba el cobro de primas de seguro individual voluntario con cargo a nómina. Sin embargo, Mario “N” no contaba con facultades legales para suscribir dicho acuerdo, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas establece que solo los titulares de las dependencias pueden ejercer dichas atribuciones.
Como resultado del convenio, entre enero de 2018 y septiembre de 2022 se realizaron depósitos por un monto total de $8,285,878.87 (ocho millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos) a una cuenta bancaria de la Secretaría de Educación en Banco Santander, y no a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, como establece la normativa.
Además, se comprobó que parte de esos recursos fue utilizado para realizar pagos y transferencias directas al propio Mario “N”, sin regulación ni control por parte de la Secretaría de Finanzas, la cual es la única facultada para regular ingresos y asignar partidas presupuestales del ejercicio anual.
De acuerdo con el Código Penal, el exfuncionario podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión, cuya duración exacta será determinada en la audiencia pública de individualización de sanciones y reparación del daño, programada para el 26 de agosto de 2025 a las 11:30 horas, en la Sala “H” del Centro Integral de Justicia del Estado de Tamaulipas.
